A partir del 22 de mayo, tenemos que estar preparados para la legislatura autonómica más inestable políticamente, y con la crisis institucional más grave de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.
¿A quién debemos dar las gracias? Pues a un Partido Popular muy enfermo de éxito que, una vez más, arrollará con una mayoría absoluta aplastante, gracias al perfecto funcionamiento de toda su maquinaria mediática, bien engrasada con los lúbricos euros que se embolsan sus palmeros multimedia, y a un electorado ensordecido por el ruido provocado por los mega-mítines con sintonía corporativa en versión techno, animadoras, bocatas gratis y palabrería sofista.
Así, se hace muy complicado ver la realidad valenciana: corrupción, despilfarros, graves carencias en materia de bienestar social, escandalosas cifras de desempleo, quiebra institucional, dedocracia indiscriminada, catalanismo, o empresas públicas utilizadas como oficina de colocación y fuente de ilícitos beneficios para amiguetes.
Ahora, finalmente el TSJCV ha decidido encausar a la cúpula del PP en la Comunitat Valenciana por presunto delito de financiación ilegal, lo que provocará, con total seguridad, un desfile de personajes y personajillos de la política valenciana gaviotera por los tribunales. Y en esto se centrarán durante los próximos meses y años las informaciones y las preocupaciones de nuestra clase política autonómica. No en las necesidades de los ciudadanos, ni en su labor de servicio. Bastante tendrán ya con tratar de solucionar sus problemas con la justicia, como para preocuparse por si nosotros tenemos trabajo, pagamos cada vez más o menos impuestos, o por si faltan o sobran camas hospitalarias.
Al parecer, según informa El País, varios altos cargos del Gobierno de Francisco Camps incurrieron presuntamente en conductas corruptas: dos delitos electorales (financiación ilegal de campañas electorales de 2007 y 2008), cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a la trama por parte de consejerías de la Generalitat y de la televisión pública autonómica, Canal 9, en este caso con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
en el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción sobre la tramitación de la misma en Valencia se apuntaba que en los delitos electorales habrían participado: Vicente Rambla (vicepresidente primero de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional); dos personas identificadas como El Príncipe y El Cantante; los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y varios de sus empleados, y los gestores efectivos de ocho constructoras. Los presuntos delitos consistieron en que ocho constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas del PP valenciano utilizando como vehículo a empresas de la trama.
En los delitos contra la Administración Pública (cohecho y prevaricación), la inhibición de Pedreira, así como Anticorrupción, señalaban que existían indicios de delito en la contratación de la trama con numerosas consejerías valencianas y con Canal 9. Se citaba a la presidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez; a su ex jefe de gabinete Rafael Betoret (a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes); a los "distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar"; y a Pedro García, exdirector de Canal 9 y exresponsable de Comunicación en Presidencia de la Generalitat.
Prepárense para la que nos viene encima... los próximos 4 años van a ser nefastos para el pueblo valenciano.
